Khitam Safeen, presidenta de la Union Palestinian Women’s Committees – UPWC – va ser detinguda el passat 2 de juliol i comdemnada a 3 mesos de detenció administrativa. Khalida Jarrar, membre de la Junta Directiva de l’associació palestina de defensa dels drets humans Addameer – va ser detinguda el mateix dia i condemnada a 6 mesos.
Us compartim el comunicat que hem redactat vàries de les organizacions de l’estat espanyol que treballem a Palestina per demanar el seu alliberament.
Israel comete una nueva violación del DIH y de los DDHH con la detención administrativa de dos activistas pertenecientes a organizaciones de DDHH palestinas
Ramallah, 2 de agosto de 2017.- Se cumple un mes desde que la Presidenta de una de las organizaciones de mujeres más importantes de Palestina, Union of Palestinian Women´s Committee (UPWC), Khitam Saafin fue detenida en la madrugada del 2 de julio en su casa en Ramallah por las fuerzas militares de ocupación israelíes. Al mismo tiempo en otro lugar de la ciudad palestina, Israel detenía a Khalida Jarrar, miembro de la Junta Directiva de la organización palestina de derechos humanos Addameer. Ambas, destacadas lideresas dentro del ámbito social y político respectivamente así como conocidas por su ferviente defensa de los derechos de la población palestina, se encuentran ahora en detención administrativa, Saafin durante tres meses y Jarrar durante seis.
UPWC ha señalado que tanto Saafin como Jarrar han sido ilegalmente castigadas por Israel por su trabajo en la promoción y protección de los Derechos Humanos de los prisioneros políticos palestinos, especialmente durante la última huelga de hambre masiva que duró 41 días durante abril y mayo pasados.
Según Addameer, 6.200 personas palestinas se encuentran en cárceles israelíes, 490 de ellas en detención administrativa. Israel continúa su campaña de acoso a defensores de Derechos Humanos palestinas y palestinos, líderes de la sociedad civil palestina así como miembros del Parlamento Legislativo Palestino, sobre todo cuando se trata de pedir responsabilidades a Israel por los crímenes que día a día comete contra la población palestina.
Khitam Saafin no había sido detenida desde hace más de 20 años y su trabajo a nivel internacional ha sido en contadas ocasiones, por ejemplo en el Foro Social Mundial, donde ha vinculado las luchas a nivel internacional de las mujeres con la lucha de las mujeres palestinas para la consecución de una liberación nacional y social. Khalida Jarrar es parlamentaria desde 2006, anteriormente fue la Directora de Addameer y lleva a su espalda una larga trayectoria de defensa de los DDHH especialmente de los presos políticos palestino. Jarrar ya ha pasado un año en la cárcel entre 2015 y 2016 y sufre una especial persecución por parte de Israel que incluye también medidas como la prohibición de viajar fuera de Palestina.
Así pues, Novact, Sodepaz, Mundubat, Suds y Paz con Dignidad, como organizaciones socias de Addameer y UPWC denunciamos este nuevo atropello a los DDHH de la población palestina por parte de Israel, exigimos la liberación de Saafin y Jarrar y que Israel cumpla la legislación internacional ratificada así como una mayor presión de la comunidad internacional para hacer valer los convenios de DDHH y su aplicación en Palestina.
¿Qué es la detención administrativa?
En la Cisjordania ocupada, las fuerzas militares israelíes pueden imponer órdenes de detención administrativa a población civil palestina según la Orden Militar 1651. Esta orden permite que se pueda detener a una persona hasta por un periodo de 6 meses con posibilidad de ser renovado si tienen “razones fundadas de que la seguridad en la zona requiere de una detención”. La detención administrativa supone secreto de sumario, sin dar a conocer los cargos que se imputan y con la posibilidad, casi siempre utilizada, de renovación indefinida de la detención. La utilización arbitraria del mecanismo de la detención administrativa es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de respeto a los Derechos Humanos, particularmente de los artículos 72 y 78 de la Cuarta Convención de Ginebra según los cuáles toda persona tiene el derecho a la legítima defensa. Además contraviene el artículo 66 de esta misma convención ya que la detención administrativa no permite asegurar un juicio justo. Por otro lado, la transferencia de población reclusa a cárceles bajo administración del gobierno israelí contraviene los mandatos del Derecho Internacional Humanitario según el cual como potencia ocupante no se puede transferir población fuera de su territorio.
Más información: www.addameer.org/es/ www.upwc.org .ps
Comunicado original de UPWC: https://drive.google.com/file/d/0BwfLs12RWJzkVXhZaHltaHFBLUE/view
Perfil de Khalida Jarrar: http://www.addameer.org/prisoner/khalida-jarrar