Presentamos los resultados del informe 'Vigilancia masiva en el Magreb y Mashreq' en el Parlament de Catalunya
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), Irídia y SUDS publican *“Vigilancia masiva en el Magreb y el Mashreq”*, un informe que documenta el uso de nuevas tecnologías como spyware, drones, así como prácticas de extorsión digital o marcos legales al servicio de la censura y la represión de movimientos sociales, medios de comunicación y disidencias en Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Jordania e Irak.
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), SUDS, NOVACT e IRÍDIA publican *“Vigilancia masiva en el Magreb y el Mashreq. Un análisis crítico para proteger el espacio de la sociedad civil”*. Las tres entidades han presentado los resultados del informe en el Parlamento de Cataluña y han puesto de manifiesto el uso de nuevas tecnologías como *spyware*, drones, así como prácticas de extorsión digital o marcos legales al servicio de la censura y la represión de movimientos sociales, medios de comunicación y disidencias en Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Jordania e Irak.
Este informe es una continuación de *“Vigilancia masiva y control de la disidencia en Europa”*, una investigación anterior que alertaba sobre el uso de estas tecnologías por parte de gobiernos europeos. Según las investigadoras, “ahora ampliamos nuestra mirada hacia el Magreb y el Mashreq, dos regiones donde existe un patrón claro: empresas mayoritariamente europeas, estadounidenses e israelíes desarrollan tecnología que a menudo ha sido testada en contextos de graves vulneraciones de derechos humanos, especialmente en territorios ocupados”. Añaden que esta tecnología “es adquirida por regímenes autoritarios, donde una red de organizaciones, empresas e instituciones colaboran con el objetivo de reprimir a las disidencias y movimientos sociales”, y que muchos de estos gobiernos “cuentan con el apoyo de países occidentales, que avalan estas prácticas represivas”.
El informe denuncia el vacío legal que existe en el sector, donde las empresas tecnológicas y el comercio de la vigilancia operan en un contexto prácticamente libre de regulaciones, convirtiéndose en una pieza clave de la arquitectura represiva. “Esto ha llevado a la normalización de prácticas ilegales por parte de algunos estados, que utilizan estas herramientas para perpetuar el control y la represión”. En este contexto, la inteligencia artificial eleva aún más las dinámicas de discriminación y control sobre las minorías.
Las entidades impulsoras de la investigación denuncian que la región mediterránea está experimentando una grave limitación del espacio cívico, indispensable para el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales, y expresan su preocupación “por cómo las nuevas tecnologías están reforzando desigualdades, facilitando la vulneración sistemática de derechos y silenciando a las disidencias que luchan contra esta deriva autoritaria”. Señalan que la falta de normativas específicas y de marcos legales que regulen el uso de la vigilancia masiva está permitiendo a los gobiernos abusar de estas tecnologías en nombre de la “seguridad nacional” y la “lucha antiterrorista”. Ante esta situación, SUDS, NOVACT e IRÍDIA exigen la creación de mecanismos jurídicos de protección eficaces, dado que el vacío legal actual dificulta que las víctimas de esta vigilancia encuentren justicia y reparación.
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Itxaso Domínguez, de la red europea de Derechos Digitales (EDRi), ha reflexionado sobre la intersección entre el espionaje estatal y el empresarial para obtener datos personales con fines tanto políticos como comerciales.
“La vigilància massiva normalitzada com imprescindible per a la seguretat nacional”. I ha alertat de la conversió de l’espai públic “en un escenari de control” que això implica.
Alys Samson, de Novact, ha instado directamente a las administraciones a “garantizar que las tecnologías respeten los derechos a la privacidad”, a regular la recopilación de datos realizada por empresas y a rendir cuentas ante la sociedad civil.
El informe realiza un análisis específico de la situación en 9 países de la región: Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto y Jordania.
- **Marruecos:** La represión digital en Marruecos incluye el uso de *spyware*, como Pegasus, y el *trolling* en línea utilizado para difamar y acosar a figuras críticas. Se vulneran especialmente los derechos de mujeres activistas y periodistas, quienes sufren campañas de desprestigio con connotaciones misóginas. Esta represión está respaldada por una legislación opaca y por tecnologías intrusivas suministradas por empresas del norte global.
- Marruecos ha intensificado la represión y vigilancia sobre la población saharaui desde el fin del alto el fuego en 2020, con el objetivo de consolidar su control sobre el territorio ocupado. A través de tecnología avanzada —incluida la colaboración militar con Israel y la implementación de drones y sistemas de vigilancia digital— ha creado un clima de represión sistemática, forzando el desplazamiento de la población civil y vulnerando derechos fundamentales como la libertad de movimiento, la privacidad y la libertad de expresión. Esta represión afecta especialmente a defensoras de derechos humanos y periodistas saharauis, en particular a mujeres.
- En un estado de emergencia permanente, Túnez mantiene prácticas de vigilancia heredadas de la dictadura para controlar a activistas, juezas, periodistas y personas LGBTIQ+, utilizando leyes de ciberdelincuencia que permiten la recopilación de datos privados y el hackeo de dispositivos. A través de la Ley de Ciberdelincuencia, más de 40 personas han sido detenidas por su activismo, mientras que la vigilancia fronteriza con Libia, financiada por países occidentales, endurece la represión contra personas migrantes y refuerza el control estatal.
- El gobierno egipcio opera una red de ciberespionaje avanzada, utilizando *spyware* como Predator de Cytrox y tecnología de censura como la inspección profunda de paquetes (DPI) para interceptar comunicaciones. También ha bloqueado más de 600 sitios web críticos. La represión digital incluye campañas de acoso y difamación en redes sociales dirigidas a activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos, respaldadas por bots y cuentas progubernamentales, con frecuentes ataques homófobos y misóginos.
- **Líbano:** Las agencias de inteligencia llevan a cabo un monitoreo exhaustivo de las comunicaciones de la sociedad civil, utilizando tecnologías avanzadas como el sistema de ciberespionaje *Dark Caracal*. La infraestructura digital en Líbano es vulnerable, lo que ha facilitado ataques externos, siendo Israel uno de los actores que ha aprovechado esta debilidad para realizar incursiones en el país. La Oficina de Ciberdelincuencia actúa para silenciar a periodistas, activistas y blogueras mediante el uso de leyes restrictivas, lo que fomenta la autocensura y el cierre de contenidos digitales.
- **Siria:** El ciberespacio en Siria está fuertemente regulado y controlado mediante nuevas legislaciones que avalan prácticas represivas para criminalizar la libertad de expresión y el libre flujo de información. El gobierno utiliza distintas unidades de su aparato de seguridad para monitorear las comunicaciones y regular el acceso a internet. Desde la Primavera Árabe, ha incrementado su control, incluyendo la detención de activistas y la imposición de severas penas por difundir “noticias falsas”. Además, se emplean ejércitos electrónicos y grupos de hackers para perseguir y vigilar a opositoras tanto dentro como fuera del país. La represión es especialmente intensa contra la población kurda, que enfrenta violaciones a su derecho de reunión y libertad de expresión.
- Palestina (Gaza i Cisjordania): La ocupación israelí de Gaza y Cisjordania ha permitido la experimentación y el desarrollo de tecnologías de vigilancia, consolidando a Israel como líder mundial en este ámbito. Esta colaboración entre el Estado y las empresas de ciberseguridad es fundamental para sostener el sistema de apartheid que sufre la población palestina. La represión digital incluye el monitoreo de defensoras de derechos humanos en redes sociales y el uso de apagones de Internet como castigo colectivo. El genocidio actual en Gaza ha intensificado estas violaciones de derechos, introduciendo el uso de inteligencia artificial para aumentar la letalidad de los ataques. A través de tecnologías avanzadas, como sistemas de reconocimiento facial y armas autónomas, Israel ha escalado su control y vigilancia sobre la población palestina, exacerbando la crisis humanitaria y la represión en la región.
- Jordania: La censura digital en Jordania ha aumentado significativamente en los últimos años, afectando principalmente a activistas LGBTIQ+ y periodistas. El gobierno utiliza la Ley de Ciberdelincuencia para intimidar y perseguir a profesionales de la prensa, lo que ha llevado al cierre de numerosos sitios web independientes. En particular, durante las recientes manifestaciones en la capital jordana, que se intensificaron tras el genocidio en Gaza, se han instalado miles de cámaras de vigilancia para controlar y documentar las protestas, identificando a las personas participantes.
- Irak: Irak es líder en la región en el uso de apagones digitales, especialmente durante movilizaciones y protestas sociales. Desde 2019, el gobierno ha bloqueado el acceso a internet en 126 ocasiones, lo que ha contribuido a la violencia contra activistas al dificultar la difusión de información sobre abusos. La censura de contenido digital y el acoso en línea perpetrados por ejércitos electrónicos en Irak afectan gravemente a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. Estos ataques en línea suelen preceder a agresiones físicas.
Esta investigación ha sido realizada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), IRÍDIA y SUDS.
