Entidades con las que compartimos el proyecto en Cataluña:
-Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE)
Duración: 24 mesos
Fechas: 2020-2022
Localización: Cataluña
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona
Línea estratégica: Empresa y Derechos Humanos
Contacto para más información: miguel@suds.cat e maite@suds.cat
Fuente fotografías: LaFede.cat
Descripción del proyecto:
Este proyecto incorpora la realización de un diagnóstico e investigación que apoya la construcción de una narrativa explicativa sobre la vulneración de la integridad de la administración pública cuando se establecen vínculos comerciales con empresas que promueven economías ilícitas donde se vulneran los derechos humanos y se afectan los principios de la dignidad humana en general.
Por otro lado, se trabaja en la construcción de un código de conducta que sirva como complemento a la cláusula de derechos humanos implementada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2020 y a las cláusulas propuestas por la Guía para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la compra pública. También se propone una articulación más amplia con el proceso nacional a través del cual se está promoviendo la Ley de Diligencia Debida, lo que serviría para darle un apoyo legislativo más amplio a la Ley de Contratación LCSP de 2017 en relación con los Derechos Humanos.
Esta información se comparte con el Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable (GCPSR) y, más ampliamente, en unas jornadas amplias sobre diligencia debida en las que también participará el GCPSR.
Contexto de intervención:
El presente proyecto tiene como objetivo dar continuidad al proceso social que se está avanzando para la incorporación de la compra pública ética por parte de las administraciones municipales, vinculando este proceso con otro a nivel nacional relacionado con la propuesta de una ley de diligencia debida.
Es así que se asume que la compra pública es un mecanismo para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y la coherencia de las administraciones, incentivar el consumo responsable de la ciudadanía, y dialogar con las iniciativas que trabajan con acciones concretas de promoción del cumplimiento de los derechos humanos “en casa nuestra”.
Este proyecto es continuidad del proyecto Compra Pública Estratégica: Derechos Humanos y Extraterritorialidad.
Transformación social perseguida:
- Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
- Reforzar las capacidades de las instituciones y de la ciudadanía para denunciar los abusos de las empresas transnacionales o de determinados grupos de interés, la corrupción, la evasión y elusión de impuestos o el endeudamiento público ilegítimo.
