El Centro Catalán de Empresa i Derechos Humanos: más cerca de convertirse en realidad
Al final de abril acaban las comparecencias sobre la Ley de creación del Centro catalán de Empresa y Derechos Humanos y es entonces cuando empezará el periodo de enmiendas en vista a aprobar la ley definitiva el julio de este mismo año. El grupo impulsor de esta iniciativa, formado por entidades sociales, no se conforma con la aprobación de cualquier Centro, y por eso inicia una campaña comunicativa para exigir la aprobación de un Centro independiente, eficaz, accesible, comprometido y valiente
El pasado martes 11 de abril, el grupo catalán de empresa y derechos humanos de Lafede.cat y la Taula per Colòmbia han comparecido en el Parlamento de Cataluña en la recta final de las comparecencias de la ponencia para la creación de la Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. Las comparecencias acaban el 25 de abril, momento en que se iniciará el periodo de enmiendas. Lina María González, representando del grupo, ha presentado enmiendas en el texto inicial desprendido de escuchar las diversas comparecencias de los últimos meses.
De hecho, ha habido un total de 32 comparecencias, entre las cuales han intervenido sindicatos, organizaciones empresariales, varios cargos públicos, catedráticos/as, abogados/des, organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia global, así como portavoces de movimientos y grupos de personas afectadas por la actividad empresarial de las transnacionales al exterior.
Apoyo inequívoco al Centro, pero divergencias en sus funciones
En general, todas han mostrado su apoyo a la creación de un órgano que vele por la garantía de los derechos humanos tanto adentro como fuera de Cataluña, a pesar de que hay divergencias sobre como se debería articular, qué alcance tiene que tener, o quien tiene que formar parte de los órganos de gobierno, entre otras cuestiones.
“Hay que crear un Plan Catalán de Empresas y Derechos Humanos, que funcione como política paraguas para el Centro y que sirva de guía para todas las personas, funcionarias y sectores productivos sobre este tema sin generar ningún tipo de duda sobre los estándares de derechos humanos asumidos y exigidos por el conjunto de la sociedad catalana”, ha reclamado González en su comparecencia. También remarcó que el plan tiene que prever tres bloques: la prevención, el seguimiento de casos y la evaluación. En este caso el grupo propone que el Centro haga la función de seguimiento y evaluación, mientras que la prevención sería obligación de los organismos encargados de los procesos de formación empresarial y de la promoción de internacionalización de la empresa, como por ejemplo ACCIÓN (que depende del Departamento de Empresa y Conocimiento).
Para llevar a cabo esto, hará falta una muy buena coordinación entre departamentos de la Generalitat, puesto que el futuro Centro de Empresas y Derechos Humanos velará para que el proceso de internacionalización de la economía catalana no genere impactos negativos, especialmente en los países más empobrecidos.
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Un Centro realmente útil para la defensa y la promoción de los derechos humanos
Pero para hacerlo posible, González ha remarcado las cinco características imprescindibles que tiene que tener el Centro: “Hace falta que sea independiente de los intereses empresariales; eficaz en el sentido de tener capacidad real de actuación en investigación y seguimiento de casos; accesible en las comunidades afectadas, especialmente del sur global; comprometido con la justicia global, y por eso tiene que depender del Departamento de Acción Exterior y UE; y valiente para hacer frente a la impunidad corporativa con relación al cumplimiento de los derechos humanos”.
En el caso de aprobarse, este organismo público supondrá un importante adelanto en la regulación del sector empresarial en materia de derechos humanos y de defensa del medio ambiente. Más de 3.000 empresas catalanas operan al exterior, de forma directa o mediante más de 7.500 filiales. Además, aumentará el impacto estratégico de la política de cooperación internacional y se convertirá en un ejemplo de coherencia de políticas públicas, tal como establece la Ley catalana de Cooperación i la Ley de Acción Exterior.
Una campaña para reivindicar el Centro que quiere la sociedad civil
La sociedad civil catalana reclama la creación del Centro, pero no le vale cualquier Centro. Cómo se ha mencionado, para que sea realmente útil en la defensa y promoción de los derechos humanos hace falta que sea independiente, eficaz, accesible, comprometido y valiente. Por eso, a partir de este lunes 17 de abril a las 12 h el grupo catalán de Empresa y Derechos Humanos lanza una campaña en las redes sociales. El objetivo es exigir a los diputados responsables del redactado final de la ley —Joan Canadell de JuntsxCat, Ferran Pedret del PSC, Anna Balsera de ERC, Susana Segovia de los Comunes y Carles Riera de la CUP— que lo hagan según la voluntad de la sociedad civil. Toda la campaña se podrá seguir por las redes y acceder a través de la web alertadh.org
En aprovar-se el Centre, Catalunya esdevindria pionera en la defensa dels Drets Humans a escala internacional, situant-se per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals. Les entitats de pau, cooperació i drets humans treballen des del 2014 per fer-lo realitat i, de fet, el Parlament de Catalunya ja ha mostrat en diverses ocasions el seu suport amb tres resolucions des del 2016, per unanimitat o majoria absoluta.
La proposta ha estat elaborada pel Grup català d’Empresa i Drets Humans que el formen 20 entitats de Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes d’entitats del tercer sector.
Actualment, més de 8.000 organitzacions socials, sindicats i cooperatives hi donen suport.
