España promociona las energías renovables en el Sáhara Occidental ocupado a pesar de las repetidas sentencias del TJUE que dictaminan su ilegalidad
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS publican “Neocolonialismo verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental Marca España”, un informe que documenta los proyectos de greenwashing de las empresas renovables españolas en territorios ocupados del Sáhara, así como las complicidades de la Unión Europea, el Estado español y la banca española
La falta de recursos fósiles y el contexto geoestratégico global ha llevado a Marruecos a desarrollar un ambicioso plan de transición energética. Para reducir su dependencia de las importaciones de petróleo y gas, el Marruecos tiene la intención de alcanzar el 52% de su cuota de energía a través de fuentes renovables para el 2030. Esto le permitiría aspirar a convertirse en un líder africano en el campo de las renovables y uno de los principales proveedores potenciales de la Unión Europea. Esta aspiración ha llevado al Gobierno de Marruecos a desarrollar el sector de la energía solar, eólica e de hidrógeno en Marruecos y en el territorio saharaui que ocupa de forma ilegal desde 1976.
Estos proyectos de energía renovable están siendo utilizados para consolidar la ocupación mediante el fortalecimiento de la dependencia del pueblo saharaui de las infraestructuras marroquíes, con la complicidad de empresas, capital extranjero, y de cierta manera, de la Unión Europea y el Estado español, dado que esta política económica se alinea con sus estrategias de transición energética verde. Según Felip Daza, investigador de la investigación: “En un marco de aparente oficialidad y legalidad y bajo prácticas de greenwashing, las inversiones en las industrias de renovables a través de partenariados público-privados, esconden graves vulneraciones del derecho internacional que suponen la desposesión de recursos naturales y la violación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.
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Además, Marruecos utiliza un sistema de ayudas, exenciones fiscales y otras políticas económicas para promover la contratación de población marroquí en el territorio ocupado saharaui, lo cual atrae población colonizadora marroquí modificando así la estructura demográfica en el territorio ocupado. Concretament, en el sector de la pesca, Marroc utilitza les contrapartides econòmiques obtingudes pels Acords de Pesca entre la UE i Marroc per desenvolupar els assentaments pesquers de colons marroquins construïts al voltant dels ports i altres punts de desembarcament del peix, en el que es coneix com a Plan Halieutis.
Acciona, Grupo TSK, Siemens Gamesa y Grupo Lasarte participan en el expolio del Sáhara ocupado bajo acuerdos de cooperación entre España y Marruecos
En el ámbito del Estado español, foros, acuerdos de cooperación, encuentros empresariales de alto nivel España-Marruecos y agencias de promoción económica fomentan la entrada al mercado energético marroquí de empresas renovables españolas. El 2023 es va celebrar el Fòrum Econòmic Espanya-Marroc, que va donar peu a acords d’interconnexió com l’acord entre la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (Cofides) i el fons sobirà marroquí ITHMAR per a incrementar de 400 a 800 milions d’euros els fons per a executar noves inversions en sectors clau, destacant el de les energies renovables.
Por otro lado, el febrero del 2023 se aprobó un protocolo financiero entre España y Marruecos, que beneficia a las empresas españolas promotoras de proyectos de energía renovable para implantar infraestructuras en el país norteafricano. Las agencias de promoción económica españolas como el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) también tienen un rol en esta promoción, resaltando el potencial marroquí para la energía renovable, sin informar al tejido empresarial español sobre el estatus legal del Sáhara Occidental como Estado No Autónomo pendiente de descolonización y las posibles vulneraciones de derechos humanos en las que pueden incurrir.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo documenta los casos de 4 empresas españolas que desarrollan proyectos renovables en el Sáhara Occidental ocupado. Acciona, de la familia Entrecanales ha entrado en el proyecto para el desarrollo de ocho granjas eólicas y un proyecto para una planta de hidrógeno verde del Gobierno marroquí en las zonas del Sáhara Occidental ocupado de El Aaiún y Boujdor, a través de ORNX Boujdour y ORNX Laayoune. Estos proyectos reciben financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Caixabank y la emisión de bonos verdes con la participación de BBVA, BNP Paribas y Banco Santander.
Otra empresa española referente en el sector de energías renovables y con presencia en el Sáhara Occidental ocupado es la asturiana Grupo TSK, que opera a través de les seves filials: Construction et Montage Du Maroc i Ouarzazate Solar 1. TSK desenvolupa un projecte de tecnologia termosolar i fotovoltaica a la província de Midelt i un projecte d’energia eòlica per a la producció d’hidrogen verd ubicat a Dakhla (Sahara Occidental ocupat). Grupo TSK rep suport econòmic dels principals entitats financeres espanyoles.
Siemens Gamesa es posiblemente una de las empresas con negocios más controvertidos en el Sáhara Occidental. Siemens Gamesa participa en cuatro parques eólicos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, uno de los cuales provee el 99% de la energía que se requiere para hacer funcionar la mina de extracción y exportación de fosfatos de Fos Bucraa, uno de los negocios más polémicos de la ocupación marroquí.
La última empresa analizada, el Grupo Lasarte, proporcionó -a través de Laso Lasarte Wind- transporte logístico en el proyecto de 5 parques eólicos de Siemens Gamesa. Dos de ellos: Boujdour y Tiskrad se encuentran en el Territorio Ocupado del Sáhara. A principios del 2024, la empresa consideraba un hito haber superado los 500 aerogeneradores transportados a Marruecos (donde incluyen de facto al Sáhara Occidental ocupado) y además, a través de sus redes sociales invitaba al turismo a visitar Dakhla (en el Sáhara Occidental ocupado) para disfrutar de sus deportes y de su gastronomía.
Un mercado manchado de vulneraciones de derechos humanos
La actividad empresarial en el territorio saharaui ocupado ha sido abordada por Naciones Unidas, con múltiples resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental ocupado y el derecho del pueblo saharaui a disponer y explotar sus recursos. En este marco, según la Opinión Consultiva del experto legal de Naciones Unidas Hans Corell, las actividades económicas en el Sáhara Occidental deben contar con la autorización previa, libre e informada del pueblo saharaui a través de su legítimo representante, el Frente Polisario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también ha fallado en esta misma dirección, en hasta seis sentencias consecutivas, la darrera el passat 29 de setembre del 2021. A partir de la segona meitat del 2024 s’espera la resposta judicial al litigi obert pel Front Polisario a l’Estat del Marroc a causa de l’Acord de Pesca entre la UE i el Marroc.
Según Daza, “el contexto en el que operan estas empresas energéticas y sus proveedores en el Sáhara Occidental ocupado es de violaciones sistemáticas de los derechos culturales, económicos y políticos del pueblo saharaui”. Añade que las actividades empresariales y la promoción de organismos como el ICEX generan un impacto inmediato de “normalización de la arquitectura de la ocupación marroquí”.
Las entidades impulsoras del informe advierten que las empresas e instituciones tienen responsabilidades
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, SUDS y NOVACT advierten que laslas empresas que operan en territorio ocupado tienen responsabilidades directas y pueden incurrir en delitos de expropiación de recursos en contextos bajo ocupación como el del Sáhara Occidental ocupado, tal como evidenció la sentencia oficial del Alto Tribunal de Sudáfrica sobre el barco Cherry Blossom con fosfatos de Ballance Agri-Nutrients Ltd. Las entidades recomendamos a las empresas multinacionales el cese de la actividad en el Sáhara Occidental ocupado que no cuente con el consentimiento explícito del Frente Polisario a través de procesos de consulta oficiales e informados.
Las entidades impulsoras del informe también advierten a la administración pública española que tiene la obligación de asesorar y proporcionar información adecuada a las empresas bajo su jurisdicción sobre la situación de ocupación militar del Sáhara Occidental, la legalidad aplicable y los riesgos corporativos que implica operar en estos territorios.
Esta investigación ha sido realizada por El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS.
