España promociona las energías renovables en el Sàhara Occidental ocupado a pesar de las repetidas sentencias del TJUE que dictaminen su ilegalidad
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT i SUDS publican “Neocolonialismo verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental Marca España”, un informe que documenta los proyectos de greenwashing de las empresas renovables españolas en los territorios ocupados del Sáhara, así como las complicidades de la Unión Europea, el Estado español y la banca española
La carencia de recursos fósiles y el contexto geoestratégico global ha llevado a Marruecos a desarrollar un ambicioso plan de transición energética. Para reducir su dependencia de las importaciones de petróleo y gas, Marruecos tiene la intención de conseguir el 52% de su cuota de energía a través de fuentes renovables para el 2030. Esto le permitiría aspirar a convertirse en un líder africano en el campo de las renovables y uno de los principales proveedores potenciales de la Unión Europea. Esta aspiración ha llevado al Gobierno de Marruecos a desarrollar el sector de la energía solar, eólica y de hidrógeno en Marruecos y en el territorio saharaui que ocupa de forma ilegal desde 1976.
Estos proyectos de energía renovable están siendo utilizados para consolidar la ocupación mediante el afianzamiento de la dependencia del pueblo saharaui de las infraestructuras marroquíes, con la connivencia de empresas, capital extranjero, y en cierto modo, de la Unión Europea y el Estado español, dado que esta política económica se alinea con sus estrategias de transición energética verde. Según Felip Daza, investigador de la investigación: “En un marco de aparente oficialidad y legalidad y bajo prácticas de greenwashing, las inversiones en las industrias de renovables a través de partenariados público-privados, esconden graves vulneraciones del derecho internacional que suponen la desposesión de recursos naturales y la violación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.
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Además, Marruecos utiliza un sistema de ayudas, exenciones fiscales y otras políticas económicas para promover la contratación de población marroquí en el territorio ocupado saharaui, lo cual atrae población colona marroquí modificando así la estructura demográfica en el territorio ocupado. Concretamente, en el sector de la pesca, Marruecos utiliza las contrapartidas económicas obtenidas por los Acuerdos de Pesca entre la UE y Marruecos para desarrollar los asentamientos pesqueros de colonos marroquíes construidos alrededor de los puertos y otros puntos de desembarco del pescado, en el que se conoce como Plan Halieutis.
Acciona, Grupo TSK, Siemens Gamesa y Grupo Lasarte participan en el expolio del Sáhara ocupado bajo acuerdos de cooperación entre España y Marruecos
En el ámbito del Estado español, foros, acuerdos de cooperación, encuentros empresariales de alto nivel España-Marruecos y agencias de promoción económica fomentan la entrada al mercado energético marroquí de empresas renovables españolas. El 2023 se celebró el Foro Económico España-Marruecos, que dio pie a acuerdos de interconexión como el acuerdo entre la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) y el fondo soberano marroquí ITHMAR para incrementar de 400 a 800 millones de euros los fondos para ejecutar nuevas inversiones en sectores clave, destacando el de las energías renovables.
Por otro lado, en febrero del 2023 se aprobó un protocolo financiero entre España y Marruecos, que beneficia a las empresas españolas promotoras de proyectos de energía renovable para implantar infraestructuras al país norteafricano. Las agencias de promoción económicas españolas como el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) también tienen un rol en esta promoción, remarcando el potencial marroquí para la energía renovable, sin informar al tejido empresarial español sobre el estatus legal del Sáhara Occidental como Estado No Autónomo pendiente de descolonización y las posibles vulneraciones de derechos humanos en las que pueden incurrir.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo documenta los casos de 4 empresas españolas que desarrollan proyectos renovables en el Sáhara Occidental ocupado. Acciona, de la familia Entrecanales ha entrado en el proyecto por el desarrollo de ocho granjas eólicas y un proyecto para una planta de hidrógeno verde del Gobierno marroquí en las zonas del Sáhara Occidental ocupado del Aaiún y Boujdor, a través de ORNX Boujdour y ORNX Laayoune. Estos proyectos reciben financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), CaixaBank y la emisión de bonos verdes con la participación de BBVA, BNP Paribas y Banco Santander.
Otra empresa española referente en el sector de las energías renovables y con presencia en el Sáhara Occidental ocupado es la asturiana Grupo TSK, que opera a través de sus filiales: Construction et Montage du Maroc y Ouarzazate Solar 1. TSK desarrolla un proyecto de tecnología termosolar y fotovoltaica en la provincia de Midelt y un proyecto de energía eólica para la producción de hidrógeno verde ubicado en Dakhla (Sahara Occidental ocupado). Grupo TSK recibe apoyo económico de las principales entidades financieras españolas.
Siemens Gamesa es posiblemente una de las empresas con negocios más controvertidos en el Sáhara Occidental. Siemens Gamesa participa en cuatro parques eólicos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, uno de los cuales provee el 99% de la energía que se requiere para hacer funcionar la mina de extracción y exportación de fosfatos de Fundido Bucraa, uno de los negocios más polémicos de la ocupación marroquí.
La última empresa analizada, el Grupo Lasarte, proveyó -a través de Laso Lasarte Wind- de transporte logístico al proyecto de 5 parques eólicos de Siemens Gamesa. Dos de ellos, Boujdour y Tiskrad, se encuentran en el Territorio Ocupado del Sáhara. A inicios del 2024, la empresa consideraba un hito haber superado los 500 aerogeneradores transportados a Marruecos (donde incluye de facto el Sáhara Occidental ocupado) y además, a través de sus redes sociales invitaba al turismo a visitar Dakhla (en el Sáhara Occidental ocupado) para disfrutar del deporte y de su gastronomía.
Un mercado manchado de vulneraciones de derechos humanos
La actividad empresarial en el territorio saharaui ocupado ha sido abordada por Naciones Unidas, con múltiples resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental ocupado y el derecho de su ciudadanía de disponer y explotar sus recursos. En este marco, según la Opinión Consultiva del experto legal de Naciones Unidas Hans Corell, las actividades económicas en el Sáhara Occidental tienen que contar con la autorización previa, libre e informada del pueblo saharaui a través de su legítimo representante, el Frente Polisario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también ha fallado en esta misma dirección, en hasta seis sentencias consecutivas, la última el pasado 29 de septiembre del 2021. A partir de la segunda mitad del 2024 se espera la respuesta judicial al litigio abierto por el Frente Polisario con el Estado de Marruecos a causa del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos.
Según Daza “el contexto en el que operan estas empresas energéticas y sus proveedores en el Sáhara Occidental ocupado es de violaciones sistemáticas de los derechos culturales, económicos y políticos del pueblo saharaui”. Añade que las actividades empresariales y la promoción de organismos como el ICEX generan un impacto inmediato de “normalización de la arquitectura de la ocupación marroquí”.
Las entidades impulsoras del informe advierten que las empresas e instituciones tienen responsabilidades
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, SUDS y NOVACT advierten que las empresas que operan en territorio ocupado tienen responsabilidades directas y pueden incurrir en delitos de expropiación de recursos en contextos bajo ocupación como el del Sáhara Occidental ocupado, tal como evidenció la sentencia oficial del Alto Tribunal de Sudáfrica sobre el barco Cherry Blossom con fosfatos de Ballance Agri-Nutrientes Ltd. Las entidades recomiendan a las empresas multinacionales el cese de la actividad en el Sáhara Occidental ocupado que no cuente con el consentimiento explícito del Frente Polisario a través de procesos de consulta oficiales e informados.
Las entidades impulsoras del informe también advierten a la administración pública española de que tiene la obligación de asesorar y proporcionar información adecuada a las empresas bajo su jurisdicción sobre la situación de ocupación militar del Sáhara Occidental, la legalidad aplicable y los riesgos corporativos que implica operar en estos territorios.
Esta investigación ha sido realizada por El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterránea (ODHE), NOVACT i SUDS.
