Presentamos los resultados de la informe ‘Vigilancia masiva al Maghreb y el Mashreq’ en el Parlamento de Cataluña
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), Irídia y SUDS publican “Vigilancia masiva al Maghreb y el Mashreq’, un informe que documenta el uso de nuevas tecnologías como spyware, drones, así como prácticas de extorsión digital o marcos legales al servicio de la censura y la represión de movimientos sociales, medios de comunicación y disidencias en Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Jordania e irak
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), SUDS, NOVACT y IRÍDIA publican «Vigilancia masiva en el Maghreb y el Mashreq. Un análisis crítico para proteger el espacio de la sociedad civil». Las tres entidades han presentado los resultados del informe en el Parlamento de Cataluña y han hecho patente sobre el uso de nuevas tecnologías como spyware, drones, así como prácticas de extorsión digital o marcos legales al servicio de la censura y la represión de movimientos sociales, medios de comunicación y disidencias en el Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Jordania e irak.
Este informe es una continuación de «MassSurveillance y control de la disidencia en Europa», una investigación anterior que alertaba sobre el uso de estas tecnologías por parte de gobiernos europeos. Según las investigadoras «Ahora ampliamos nuestra mirada hacia el Maghreb y el Mashreq, dos regiones donde hay un claro patrón: empresas mayoritariamente europeas, estadounidenses e israelíes desarrollan tecnología a menudo testada en contextos de graves vulneraciones de derechos humanos, especialmente en territorios ocupados». Añaden que esta tecnología «es adquirida por regímenes autoritarios, donde un entramado de organizaciones, empresas e instituciones colaboran en el objetivo de reprimir a las disidencias y movimientos sociales», y que muchos de estos gobiernos «cuentan con el apoyo de paisos occidentales, quienes avalan estas prácticas represivas».
Así mismo, denuncia el vacío legal que existe en el sector, donde empresas tecnológicas y el comercio de la vigilancia actúan en un contexto prácticamente libre de regulaciones, convirtiéndose en una pieza clave de la arquitectura represiva. «Esto ha llevado a la normalización de prácticas ilegales por parte de algunos estados, que utilizan estas herramientas para perpetuar el control y la represión». En este contexto la inteligencia artificial, eleva todavía más las dinámicas de discriminación y control de minorías.
Las entidades impulsoras de la investigación denuncian que la región mediterránea está experimentando una severa limitación del espacio cívico, indispensable para el ejercicio y defensa de derechos fundamentales, y expresan preocupación «sobre como las nuevas tecnologías están reforzando desigualdades, facilitando la vulneración sistemática de derechos y silenciando a las disidencias que luchan contra esta deriva autoritaria». Señalan que la falta de normativas específicas y de marcos legales que regulen el uso de la vigilancia masiva, está permitiendo en los gobiernos abusar de estas tecnologías en nombre de la «seguridad nacional» y la «lucha antiterrorista». Ante esto, SUDS, NOVACT y IRÍDIA exigen la creación de mecanismos jurídicos de protección eficaces, dado que el vacío legal actual dificulta que las víctimas de esta vigilancia encuentren justicia y reparación.
En Marruecos, Sáhara Occidental, Siria, Irak, Túnez, Palestina, Líbano, Egipto, Jordania e irak.
El informe realiza un análisis específico de la situación en 9 países de la región:
- Marruecos: La represión digital en el Marruecos incluye el uso de spyware, como Pegasus, y el trolling en línea utilizados para difamar y asediar a figuras críticas. Se vulneran especialmente los derechos de las mujeres activistas y periodistas, que sufren campañas de desprestigio con connotaciones misóginas. Esta represión es apoyada por una legislación opaca y tecnologías intrusivas suministradas por empresas del norte global.
- Sáhara Occidental: Marruecos ha intensificado la represión y vigilancia sobre la población saharaui desde el fin de la tregua en 2020, con el objetivo de consolidar su control sobre el territorio ocupado. A través de tecnología avanzada, incluida la colaboración militar con Israel y la implementación de drones y sistemas de vigilancia digital, ha creado un clima de represión sistemática, forzando el desplazamiento de la población civil y afectando derechos fundamentales de movimiento, privacidad y expresión, afectando tanto defensoras de derechos humanos como periodistas saharauis, especialmente a mujeres.
- Túnez: En estado de emergencia permanente, Túnez mantiene prácticas de vigilancia heredadas de la dictadura para controlar a activistas, juezas, periodistas y personas LGBTIQ+, usando leyes de ciberdelincuencia que permiten la recopilación de datos privados y el hackeig de dispositivos. Mediante la Ley de Ciberdelincuencia, más de 40 personas han sido detenidas por su activismo, mientras que la vigilancia fronteriza con Libia, financiada por Occidente, endurece la represión contra personas migrantes y refuerza el control estatal.
- Egipto: El gobierno egipcio opera una red de ciberespionaje avanzada, utilizando spywarecomo Cytrox’s Predator y tecnología de censura como la inspección profunda de paquetes (DPI) para interceptar comunicaciones. También ha bloqueado más de 600 sitios web críticos. La represión digital incluye campañas de acoso y difamación en redes sociales dirigidas a activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos, secundadas por botes y cuentas progobierno, con ataques homófobos y misóginos frecuentes.
- Líbano: Las agencias de inteligencia llevan a cabo una monitorización exhaustiva de las comunicaciones de la sociedad civil, utilizando tecnologías avanzadas como el sistema de ciberespionaje Dark Caracal. La infraestructura digital en el Líbano es vulnerable, lo cual ha facilitado ataques externos, siente Israel uno de los actores que ha aprovechado esta debilidad para realizar incursiones al país. La Oficina de Ciberdelincuencia actúa para silenciar a periodistas, activistas y bloggers mediante el uso de leyes restrictivas, lo cual fomenta la autocensura y el cierre de contenidos digitales.
- Siria: El ciberespacio en Siria está fuertemente regulado y controlado mediante nuevas legislaciones que avalan prácticas represivas para criminalizar la libertad de expresión y el libre flujo de información. El gobierno utiliza varias unidades de su aparato de seguridad para monitorizar comunicaciones y para regular el acceso a internet. Desde la Primavera Árabe, ha incrementado su control, incluyendo la detención de activistas y la imposición de severas penas para difundir «fake news». Además, se emplean ejércitos electrónicos y grupos de hackers, para perseguir y vigilar a opositoras tanto dentro de como fuera del país. La represión es particularmente intensa contra la población curda, que enfrenta violaciones a su derecho de reunión y libertad de expresión.
- Palestina: La ocupación israelí de Gaza y Cisjordania ha permitido la experimentación y el desarrollo de tecnologías de vigilancia, consagrando a Israel como líder mundial en este ámbito. Esta colaboración entre el Estado y empresas de ciberseguridad es fundamental para sostener el sistema de apartheid que sufre la población palestina. La represión digital incluye la monitorización de defensoras de derechos humanos en redes sociales y el uso de apagones de Internet como castigo colectivo. El genocidio actual en Gaza ha intensificado estas violaciones de derechos, introduciendo el uso de inteligencia artificial para aumentar la letalidad de los ataques. A través de tecnologías avanzadas, como sistemas de reconocimiento facial y armas autónomas, Israel ha escalado su control y vigilancia sobre las palestinas, exacerbando la crisis humanitaria y la represión en la región.
- Jordania: La censura digital en Jordania ha aumentado significativamente en los últimos años, afectando principalmente activistas LGBTIQ+ y periodistas. El gobierno utiliza la Ley de Ciberdelincuencia para intimidar y perseguir periodistas, lo cual ha llevado al cierre de numerosos sitios web independientes. En particular, durante las recientes manifestaciones en la capital jordana, que se intensificaron después del genocidio en Gaza, se han instalado miles de cámaras de vigilancia para controlar y documentar las protestas, identificando a las participantes
- Irak: Irak es líder en la región en el uso de apagones digitales, que se utilizan especialmente durante movilizaciones y protestas sociales. Desde 2019, el gobierno ha bloqueado el acceso a internet en 126 ocasiones, lo cual ha contribuido a la violencia contra activistas, al dificultar la difusión de información sobre abusos. La censura de contenido digital y el acoso en línea perpetrados por ejércitos electrónicos en Irak afectan gravemente mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Estos ataques en línea a menudo preceden a ataques físicos.
Esta investigación ha sido realizada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas a la Mediterrania (ODHE), IRÍDIA y SUDS.
