Coherencia de políticas ante el control, vigilancia y seguridad en tiempo de Digitalización Social

Descripción del proyecto:

En este contexto crítico de digitalización acelerada y globalizada en el campo de vigilancia y control, por un lado, y de ausencia de mecanismos de control y transparencia en la materia, por el otro, este proyecto pretende impulsar mecanismos de investigación, capacitación, incidencia y movilización social para que la administración pública y las empresas contemplen la trazabilidad (y diligencia debida) en el Sur y Norte globales y el cumplimiento de derechos humanos en los procesos de innovación, implementación o contratación de tecnologías digitales en materia de seguridad.

Con las actividades del proyecto promovemos una compra pública que respete la debida diligencia y la exigencia de trazabilidad a la cadena de suministro como una forma de prevenir abusos de las empresas transnacionales. Fomentar la compra pública ética es una de las herramientas más próximas que tenemos para potenciar una verdadera justicia económica municipal, para visibilizar y potenciar las buenas prácticas de contratación y penalizar a aquellas empresas que son acusadas de vulnerar derechos humanos dentro y fuera de «nuestras fronteras”.

Contexto de intervención:

La sociedad del conocimiento está imponiendo una intensa actividad empresarial y gubernamental de manejo de tecnologías digitales. Estas tecnologías digitales, que se ofrecen como herramientas de ciberseguridad, se usan también como herramientas de vigilancia, control de la disidencia y de la población y acumulan datos de la población global permanentemente, sin contar con mecanismos de transparencia y regulación suficientes. Este proceso se ha acelerado después de la digitalización global masiva derivada de la excepcionalidad que impuso la pandemia del COVID19.

Transformación social perseguida:

• Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, en conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
• Reforzar las capacidades de las instituciones y de la ciudadanía para denunciar los abusos de las empresas transnacionales o de determinados grupos de interés, la corrupción, la evasión y la elusión de impuestos o el endeudamiento público ilegítimo.